7 millones de ciudadanos tienen dificultades para pagar las facturas de energía
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  • Uno de cada tres hogares en paro sufre pobreza energética
  • Murcia, Extremadura, Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha son las más vulnerables a la pobreza energética
  • La pobreza energética causa más de 7.000 muertes prematuras al año
  • España es el 4º país de la UE con más hogares incapaces de mantener una temperatura adecuada en sus hogares.
  • Todos los indicadores analizados muestran un incremento de la vulnerabilidad energética  en los hogares españoles

 

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha presentado su segundo estudio sobre la Pobreza Energética en España, según el cual, 7 millones de ciudadanos tienen dificultades para pagar las facturas de energía, circunstancia que agravan la crisis y el desempleo. Tal es así que, en 2012, último año con datos disponibles, uno de cada tres hogares en paro se encontraba en situación de vulnerabilidad frente a pobreza energética, de ahí la necesidad de diseñar una estrategia nacional para su prevención y mitigación que mejore la eficiencia energética de los edificios, como solución más óptima a medio y largo plazo.

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La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha presentado el estudio “Pobreza Energética de España. Análisis de tendencias”, en el CaixaForum de Madrid gracias a la colaboración de la Obra Social “la Caixa”, La Fundación La Casa que Ahorra, Gest-Solidaridad y el apoyo de la Fundación Conama. Este estudio supone un segundo trabajo de investigación en el que analiza este fenómeno que afecta muy especialmente a los hogares españoles, ya que según los últimos datos disponibles, de 2012, el 17% de los mismos, más de 7 millones de personas, tienen dificultades para pagar las facturas de energía doméstica al verse obligados a destinar más de un 10 por ciento de sus ingresos a tal fin.

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Según las últimas cifras disponibles correspondientes a 2012, el número de hogares que gastan más de un 10% de sus ingresos en el pago de las facturas de energía doméstica ha aumentado un 34% en tan sólo dos años , al igual que el número de personas que se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada que ha aumenmortado en un 50 % desde 2008 a 2012,  de tal manera, que el 9% de los hogares se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos del año, es decir, unos 4 millones de personas.

 

Un dato que sitúa a España como el cuarto país de la Unión Europea con más personas incapaces de mantener una temperatura adecuada en sus hogares, de los 54 millones de personas afectadas en 2012 en toda la Unión.

Por esta razón el estudio lleva a cabo el análisis tendencial de esta problemática en nuestro país desde el inicio de la crisis, lo que ha puesto de manifiesto el agravamiento de la pobreza energética en los hogares con la persona de referencia en paro. En concreto, en el año 2012 uno de cada tres hogares en paro, aproximadamente 1,2 millones de personas, destinaba más del 10% de sus ingresos al pago de la energía doméstica, en concreto un 34%  de hogares frente al 14 % registrado en 2007, es decir un incremento de 142% en 5 años.

No obstante, en el año 2012, 3,4 millones de personas, pertenecientes a hogares con la persona de referencia ocupada, también estaban realizando un gasto desproporcionado para pagar las facturas de energía, un 11 por ciento del total de hogares, frente al 3% registrado cinco años antes.

Por otro lado, la tendencia durante estos 5 años ha registrado incrementos del 13 al 21% en hogares de jubilados  relativos al gasto desproporcionado en facturas de energía.

Desigualdad entre Comunidades Autónomas

El estudio concluye que no todas las comunidades autónomas son igual de vulnerables frente a esta problemática, es más, algunas de ellas muestran altas tasas de vulnerabilidad bajo los dos enfoques metodológicos analizados, como es el  caso de Murcia, Andalucía, Extremadura, Cataluña o Castilla-La Mancha, mientras que en el extremo contrario se sitúan como menos vulnerables según los indicadores usados: Asturias, País Vasco o Madrid.

Además, los dos enfoques o tipos de indicadores usados en el estudio evidencian que en España se dan dos tipos de pobreza energética; una asociada a regiones frías, con inviernos más largos y severos, en hogares con ingresos más bajos, en los que el gasto en energía doméstica, en término anual, es desproporcionado, y otra, en regiones más templadas, donde el hogar se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. En cualquier caso lo que ambos enfoques tendrían en común es el hecho de que los hogares más vulnerables afectados por estos “dos tipos” de pobreza energética, habitan en viviendas provistas de envolventes térmicas o de sistemas de calefacción de baja eficiencia energética.

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Como novedad respecto al estudio de 2012, se ha querido realizar un análisis que permitiese observar posibles diferencias entre zonas rurales y urbanas, ya que se enfrentan a realidades muy diferentes y por tanto el diseño de estrategias requiere analizarlas por separado.

El estudio pone de manifiesto que a pesar de que las zonas urbanas (densamente pobladas) aglutinan un porcentaje de población mucho mayor (22 millones de habitantes) que las zonas rurales o escasamente pobladas (11 millones de habitantes), son estas últimas las que tienen un mayor número de habitantes que tienen gastos desproporcionados en el pago de las facturas energéticas: 3 millones de habitantes, frente a los 2,5 millones de habitantes de las zonas urbanas.

La tendencia en los últimos años ha sido ascendente en ambos tipos de regiones. En las zonas rurales, el porcentaje de hogares que destinaban más del 10% a pagar sus facturas de la energía doméstica pasó del 13 al 26% entre 2007 y 2012 (un incremento del 100% en 5 años), mientras que en zonas urbanas (densamente pobladas) pasó del 5 al 12% (un incremento del 140% en 5 años).

Consecuencias de la pobreza energética

ACA pone de manifiesto que las situaciones de pobreza energética no sólo afectan a las decisiones de gasto del hogar, que tiene que debatir cómo distribuir sus ingresos entre todas las necesidades básicas del hogar, sino también a la calidad de vida y a la salud de las personas. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (World Health Organisation, 2011), en el que se realizó una extensa revisión de estudios llevados a cabo en Europa desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado, el 30% de la mortalidad adicional de invierno se debe a unas insuficientes condiciones de climatización en viviendas.

En 2012, la mortalidad adicional de invierno promedio en España fue de 24.000 muertes por lo que más de 7000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza energética, si tomamos como referencia ese 30% establecido por la OMS, valor muy superior a las 1129 víctimas mortales en accidentes de tráfico en carretera en España en 2012. Paradójicamente, el riesgo de sufrir una muerte prematura durante el invierno es mayor en aquellas comunidades con temperaturas más suaves.


Afrontar la pobreza energética

También a diferencia del anterior estudio, ya que no existían, se han revisado las iniciativas, propuestas y acciones de todo tipo que diferentes partidos políticos han presentado y discutido en el Congreso de los Diputados y diferentes parlamentos autonómicos desde 2012 y se ha actualizado la revisión de medidas con incidencia directa o indirecta en la pobreza energética, análisis que sí se llevó a cabo en 2012, evaluando la efectividad de medidas como el bono social, las ayudas a la renta de los hogares o las normativas que promueven la mejora de la eficiencia energética de los edificios, tanto a corto como a medio o largo plazo.

El estudio “Pobreza Energética de España. Análisis de tendencias” recoge finalmente una serie de recomendaciones en las que la Asociación propone la definición de una estrategia nacional para prevenir y mitigar la pobreza energética que integre a las distintas administraciones competentes de la Administración General del Estado e introduzca orientaciones para una acción coordinada entre la administración central, autonómica y local en materia de prevención y mitigación de pobreza energética.

Para desarrollar esa estrategia se propone, entre otros, la redefinición del actual bono social, la involucración de todos los actores implicados, incluidos el consumidor y las compañías energéticas, y la puesta en marcha de un plan de rehabilitación energética que contemple la pobreza energética en su diseño y en las vías o mecanismos de financiación.

Presentación en CaixaForum Madrid

En el acto de presentación, celebrado el pasado 27 de marzo,  se dieron a conocer los principales resultados y conclusiones del estudio, y se estableció una mesa de debate con representantes de diferentes ámbitos y disciplinas con la finalidad de iniciar un diálogo para diseñar una estrategia de prevención y erradicación de la pobreza energética en nuestro país. La jornada se desarrolló en dos mesas redondas. La primera, supuso la bienvenida por parte de la Fundación “la Caixa” y la presentación de los principales resultados del estudio por parte de Sergio Tirado, experto europeo en pobreza energética y director académico del estudio. Cerró la primera mesa José Luis López, coordinador de energía y cambio climático de la asociación, quien anunció que el estudio no sería el final del trabajo de ACA en esta materia sino un punto de partida para una línea de trabajo que, entre otros, siente las bases para la generación de una estrategia que permita prevenir y mitigar la pobreza energética. Así, según indicó, en los próximos meses se promoverán una serie de talleres y reuniones y se analizará la posibilidad de llevar a cabo ciertas experiencias en los propios hogares afectados. Para  que todo esto sea posible, apuntó López, se requiere contar con la participación de todos los actores, tanto los que tienen la capacidad de impulsar medidas como los que se verán afectados por las mismas, con el fin de generar propuestas realistas diseñadas desde un punto de vista objetivo. Con esta finalidad la ACA actualmente recabando apoyos y colaboradores para hacer posible este proyecto.

“En un titular ¿qué os ha parecido la presentación del Estudio?” Esta fue la pregunta planteada por Eduardo Perero, vicepresidente de ACA y moderador de la segunda mesa de debate, a los ponentes que componían la segunda mesa de debate, enmarcada bajo el título Soluciones a la pobreza energética en una economía baja en carbono. Las respuestas fueron variopintas pero todas ellas coincidieron en que el estudio ponía de manifiesto la existencia de un problema serio, para el que, afortunadamente, se vislumbraban soluciones.

Posteriormente el moderador fue formulando preguntas específicas a cada uno de los ponentes, en función del sector al que representaban y su experiencia y ámbito profesionales, pero todas ellas con el fin de buscar soluciones y medidas para erradicar este problema, entre ellas, tuvo especial protagonismo la rehabilitación y regeneración urbanas. Jorge Morales, director de GeoAtlanter, insistió en que para que la iniciativa privada pueda entrar a financiar la rehabilitación energética y la incorporación de fuentes renovables en los edificios, es necesario dar visibilidad al verdadero problema, que pasa porque la inversión en ahorro, tal como está configurada a día de hoy la factura eléctrica y el sistema eléctrico, no es rentable, y la iniciativa privada prefiere invertir en otras áreas, o directamente en el Estado. En este sentido insistió en que, a día de hoy, se están pagando los errores del modelo energético por el que se ha apostado en los últimos 25 años. Por su parte Albert Cuchí, profesor Escuela de Arquitectura del Vallés de la Universidad Politécnica de Cataluña, indicó que la rehabilitación es un nuevo sector, por lo que debe ser diseñado desde cero, también financieramente, para que sea viable. En la misma línea e insistiendo sobre la necesidad de sensibilizar e informar al ciudadano, que es el que realmente habita en las viviendas, Alberto Coloma, gerente de la Fundación la Casa que Ahorra indicó que el ciudadano que es consciente de que está en una situación de vulnerabilidad energética entiende que las subidas de las facturas de la energía doméstica, o la merma de sus ingresos, son la causa principal, pero no se plantean que viven en viviendas que despilfarran la energía. Así, puso sobre la mesa que si un hogar tuviera sus grifos abiertos, cualquiera vería que está derrochando agua, pero que la energía que se pierde en más de 15 millones de viviendas, que son auténticos agujeros energéticos, sigue sin visibilizarse.

La intervención de Fermín Oslé, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid, revisó el papel que deben jugar las administraciones locales. Según indicó, aunque la administración deba seguir jugando un papel como incentivador de las actuaciones, los años en que se financiaban hasta el 80% del coste ya han tocado a su fin. Fermín Oslé destacó que las intervenciones llevadas a cabo por la EMVS desde hace décadas no sólo han tenido como consecuencia beneficios ambientales, sino que además han regenerado tejidos sociales y han incrementado la actividad de los barrios. Además, abrió una ventana de oportunidad para las administraciones locales, la que puede llegar a través de los fondos europeos que, de forma directa, sin la intermediación de otros niveles de la administración, puedan llegar a las administraciones locales.

Cerró las intervenciones José Manuel López, director del Centro de Estudios Económicos Tomillo de la Fundación Tomillo. José Manuel representaba la parte más social de la pobreza energética y más en contacto con los hogares en situación de vulnerabilidad. Si bien denunció que las políticas de ayudas e incentivos se habían diseñado durante años desde lo macro, incentivando a las clases más favorecidas y no a las más necesitadas, mostró algunos ejemplos de cómo es posible empezar a trabajar desde lo micro, para cambiar lo macro. Así, una de las iniciativas que estaban llevando a cabo era la cobertura del 100% del coste de microactuaciones (instalación de burletes, elementos reflexivos tras los radiadores, etc.) que con un coste en torno a unos 150 euros, conseguían ahorros de hasta un 8%  algo que para familias muy necesitadas, que vivían con rentas mínimas suponía una ayuda muy importante. Estas intervenciones, destacaba José Manuel, suponían además un importante nicho para la generación de empleo.

 

Solicitud del estudio “Pobreza energética en España. Análisis de tendencias” (ACA, 2014)

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