Con motivo del 25º Aniversario la constitución formal del Servicio de la Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil un 21 de junio de 1988 (a través de Orden General nº 72), la Asociación de Ciencias Ambientales quiere por un lado reconocer la enorme labor de este cuerpo de seguridad del Estado y por otro reclamar a las distintas administraciones públicas la necesidad de fortalecer las funciones que le competen en vigilancia e inspección ambiental.
Hacia una nueva cultura administrativa: un reto aún por trabajar
La denominada Ley Ómnibus, Ley 25/2009, que transpone la Directiva 2006/123/CE de Servicios, introdujo en nuestro país un cambio de la cultura administrativa que entre otros afectó a la legislación ambiental, especialmente con el RD 367/2010 y que poco a poco va impregnando la nueva normativa que va generándose como ha sucedido con la Ley 22/2011 de Residuos, la Ley 5/2013 de 11 de junio por la que se modifica, entre otros, la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, la futura modificación de la Ley de evaluación de ambiental
Las modificaciones introducidas por los legisladores tienen por objeto optimizar la regulación para conseguir una mayor eficacia y que sea menos gravosa para ciudadanos y empresas, fundamentalmente sustituyendo la figura de la autorización previa, por meras comunicaciones de inicio o declaraciones responsables, reduciendo así trámites administrativos y costes para el inicio de la actividad.
Dicho cambio no exime, en ningún caso, del cumplimiento de la Ley sino que exige que el esfuerzo de la administración pública se dedique más a la inspección que a la tarea autorizadora, verificando que todas las actividades cumplen con lo que marca la ley y se han comprometido en la declaración responsable.
Este importante hecho exige un rápido y fundamental cambio de organización de las estructuras administrativas y una flexibilidad de la que no siempre está siendo dotada. En ningún caso se insinúa la necesidad de reducir la plantilla de las administraciones, sino readaptar sus funciones optimizando los recursos.
La investigación del fraude ambiental mejoraría la competitividad económica
Otra cuestión a resaltar, exigido incluso desde los sectores empresariales más responsables, es la necesidad de que la inspección no sólo se centre en las actividades registradas, sino también en aquellas que operan de forma ilegal y que su actividad no consta, tal y como hacen otras unidades o agencias de la administración, que más allá de las inspecciones rutinarias de control, realizan un esfuerzo importante en la investigación del fraude y las actividades no registradas.
Cada vez son más numerosos los casos de fraudes en la gestión de residuos, generándose robos, suplantación de gestores de residuos peligrosos para una apropiación indebida de residuos valiosos, dejación de las responsabilidades ambientales de determinados gestores ante la falta de presión inspectora, etc.
Los esfuerzos dedicados a esta materia, permitirían realmente defender aquellas actividades económicas que respetan las reglamentaciones que a su vez tienen como objeto la protección ambiental, de aquellos que pretenden “saltarse” las normas a coste de poner en riesgo los recursos naturales. Asimismo, aquellos que siguen a raja tabla la normativa ambiental, son los que mejor optimizan sus recursos y por tanto se muestran más competitivas si la administración vela suficientemente el cumplimiento de la legislación.
Iniciativas que reclaman esta labor de vigilancia e inspección
Son muchas las organizaciones sociales que realizan una importante labor de vigilancia y de denuncia, desde hace muchos años, que está siendo fundamental para la protección ambiental y que en definitiva apoya la labor de las administraciones públicas. Incluso existen interesantes iniciativas desde sectores profesionales como el impulsado por Asegre (http://www.asegre.com) denominado “Malas Prácticas Medioambientales” (http://malaspracticasmedioambientales.asegre.com/) que esperamos puedan obtener importantes resultados.
Desde la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) se realiza una labor de vigilancia del estado de determinados ríos, mediante análisis de calidad del agua físico-químico y biológico, además de recogida de residuos y denuncia de presencia de residuos peligrosos en las riberas, como el Proyecto Río Henares o los ríos de montaña de los principales Parques Nacionales.
Asimismo, estudios como la Pobreza energética en España o la calidad de la información ambiental autonómica en la red son iniciativas que tienen como fin poner de relevancia determinadas problemáticas o la vigilancia de la calidad de determinados servicios públicos.
No obstante, la labor que aún es necesario desarrollar es enorme y pasa por la estrecha colaboración tanto del sector público como privado en estrecha colaboración con la propia sociedad civil y sus organizaciones. En este sentido, la Asociación de Ciencias Ambientales, consciente de esta problemática esta abierta a participar, apoyar e impulsar cuantas iniciativas sean posibles desarrollar en esta línea, hoy más necesaria que nunca.