El derecho a los suministros básicos (electricidad, agua, gas)

 


SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA (DEFENSOR DEL PUEBLO DE CATALUÑA)

 

"Los sistemas tarifarios deben trasladar sobre los consumos excesivos el coste de los suministros de los consumidores vulnerables"

 

En octubre de 2013 el Síndic presentó un “Informe sobre la pobreza energética en Cataluña” en el que constataba la falta de una política pública relativa a esta nueva realidad que permita abordarla desde una perspectiva global, transversal y coordinada. Aunque hay dificultad para cuantificar cuidadosamente el número de personas afectadas o saber sus características concretas, se puede afirmar que la pobreza energética es el resultado de tres factores: el bajo nivel de renta, la calidad insuficiente de la vivienda y los elevados precios de los suministros básicos (electricidad, gas y agua). En dicho informe, entre otras cuestiones, se proponía la creación de una comisión de trabajo específica, la difusión de la información sobre ayudas y bonificaciones en materia de suministros básicos, la aplicación de dichas bonificaciones en la tarifa a toda la red de viviendas de inclusión social y el impulso de actuaciones educativas para el ahorro energético.

Posteriormente, el informe del Síndic sobre "El derecho a los suministros básicos (electricidad, agua y gas)" concreta la reflexión mencionada alrededor de lo que debería ser un derecho a los suministros básicos de las personas en relación a los servicios esenciales de la electricidad, el agua y el gas, generalmente prestados también por empresas privadas. El informe, presentado en diciembre de 2014, pretende ser un elemento que estimule el debate entre todos los actores para avanzar en el reconocimiento normativo de este derecho.


"Hay que recoger normativamente el derecho a los suministros básicos (electricidad, agua, gas)"

 

En la actualidad se puede afirmar de forma objetiva que para gozar de una vida en sociedad y digna como individuo existen algunos servicios considerados mínimos, esenciales, generales, universales, básicos o indispensables. Sin pretensión de caer en nominalismos y, por lo tanto, más allá del hecho que se puedan adjetivar de diferente manera, es preciso hacer hincapié en que la sociedad del siglo XXI demanda una serie de servicios para el normal desarrollo de la vida cotidiana que no pueden ignorarse. Nuestra tradición jurídica determina que las normas jurídicas deben ser interpretadas según el sentido propio de las palabras y la realidad social del tiempo en el que deben ser aplicadas. Por ello, el Síndic considera que las normas jurídicas reguladoras de los diferentes servicios deben interpretarse en el sentido de hacerlos efectivos para las personas que han de disfrutar de ellos y para garantizar su calidad de vida.

Los servicios públicos y de calidad son elementos definitorios del modelo de sociedad y de Estado de que ésta se ha dotado y así lo reflejan las normas principales que lo definen. Es lo que reclama un Estado social y democrático de derecho y lo que reclaman las normas superiores del ordenamiento jurídico. La Constitución proclama la dignidad de la persona como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social (art. 10), toda vez que incluye el derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47) y un mandamiento a los poderes públicos para la defensa de los consumidores y usuarios y para la protección mediante procedimientos eficaces de su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos (art. 51).

A nivel más concreto, el legislador estatal, por medio de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007), ha establecido que “los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado”.Pero, además, en el caso de Cataluña, el legislador ha ido más allá al establecer cuáles son esos servicios que se consideran necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana. Así, el Código de Consumo de Cataluña (Ley 22/2010) define los servicios básicos como aquellos servicios de carácter esencial y necesarios para la vida cotidiana o que tienen un uso generalizado entre las personas consumidoras, entre los cuales se incluyen los suministros (agua, electricidad, gas) junto con los transportes, los medios audiovisuales de radiodifusión y televisión, los de comunicaciones, los asistenciales y sanitarios, y los financieros y de seguros.

 

"Las facturas deben indicar los medios de resolución alternativa de conflictos al alcance del consumidor"


Es indiscutible el incremento de los problemas que muchas personas tienen para hacer frente a los suministros básicos, producidos en buena medida por el incremento de precios y la disminución de los ingresos familiares, como lo reflejan las quejas recibidas por el Síndic. Por ello, hay que incidir en el reconocimiento del derecho al suministros básicos a todas aquellas personas que cumplan los requisitos para ser definidas como consumidoras vulnerables según los parámetros que fije la normativa de cada uno de los servicios. Ahora bien, junto a ello, también hay que destacar que todos han de poder disfrutar de los suministros básicos a un precio asequible siempre que su consumo esté dentro de unos parámetros de consumo básicos, esenciales o no suntuarios. Por encima de estos límites, los sistemas tarifarios de los suministros básicos deberían fomentar el ahorro y la eficiencia energética, pero también penalizar el derroche de recursos escasos y al mismo tiempo trasladar sobre los consumos excesivos o suntuarios el coste de los suministros básicos a los consumidores vulnerables .

En paralelo, es esencial garantizar los derechos de las personas, tanto si los servicios de interés general se prestan por entidades públicas o privadas. Es necesario, por tanto, asegurar la función supervisora del Síndic sobre las empresas privadas que proveen los suministros básicos, dotando al ombudsman de las herramientas necesarias para que actúe como mecanismo independiente de garantía de derechos y de resolución alternativa de litigios.

Desgraciadamente, la desinformación en la contratación del servicio, o sobre su precio o su facturación, es una constante en las quejas que recibe el Síndic sobre los suministros básicos, por lo que se recomienda que las vías de reclamación, los medios de resolución alternativa de conflictos y los ombudsman existentes se destaquen en contratos, facturas, páginas web y en establecimientos u oficinas de las empresas suministradoras o sus agentes.

En concreto, en relación a la electricidad, el Síndic reclama las empresas una información adecuada a los consumidores sobre el precio que ofrecen, los conceptos que integran la factura y las posibilidades de acogerse a las tarifas sociales. También habría que modificar la normativa para poder reducir la potencia eléctrica antes de proceder al corte del suministro a los consumidores vulnerables con dificultades de pago de las facturas. Para la electricidad y el gas, habría que fijar un IVA reducido para los consumidores vulnerables y, al mismo tiempo, evitar la “doble imposición” que supone pagar también un impuesto especial sobre la electricidad y los hidrocarburos, respectivamente. En el caso concreto del gas butano, urge el establecimiento de un precio social para los consumidores vulnerables, a fin de superar la situación actual en que el precio de la bombona es el mismo independientemente de su uso como fuente de energía básica para las personas o como elemento propio de establecimientos comerciales o recreativos como es el caso de las terrazas en la vía pública. En cuanto al suministro de agua, sigue siendo necesario elaborar un modelo de factura estándar y que las administraciones locales competentes retiren de la factura del agua los conceptos que no están relacionados con el ciclo del agua, como las tasas de recogida de basura.

Información sobre el autor:

El Síndic se ocupa de velar para que se respeten los derechos de las personas, derechos que afectan a diferentes colectivos y ámbitos de actuación, y que definen nuestra sociedad actual. El Síndic tiene la función de atender las quejas de todas las personas que se encuentran desprotegidas ante la actuación, o falta de actuación, de las administraciones. Vela por el buen funcionamiento de la Administración de la Generalitat y de los entes locales de Cataluña, como los ayuntamientos, diputaciones o consejos comarcales. Por tanto, actúa como supervisor y colaborador de la Administración catalana, con el objetivo de ayudar a mejorar su funcionamiento. Además de trabajar con las administraciones, el Síndic actúa también en la supervisión de las empresas privadas que prestan servicios de interés público, como la luz, la telefonía, el agua, el gas, etc.

Web: www.sindic.cat/es

© Asociación de Ciencias Ambientales. All Rights Reserved.

Login Form