No, la #pobrezaenergetica no es sólo una cuestión derivada del desempleo

 

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JOSÉ LUIS LÓPEZ FERNÁNDEZ

Coordinador Área Pobreza Energética, Asociación de Ciencias Ambientales

 

"Estos últimos años se ha perdido una oportunidad preciosa de comenzar a actuar con un marco estatal frente a la pobreza energética"

 

 

 

Es curioso, pero discursos como el promovido en más de una ocasión por el ministro de Energía, Turismo e Industria, que ha defendido que la pobreza energética sólo es un problema que tiene relación con la destrucción de empleo que ha acontecido en nuestro país en los últimos años,  quedan desmontados simplemente por las declaraciones de María, una mujer de 70 años que vive en Valencia que hablaba con nosotros en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser. En directo María nos contaba lo que significa vivir en situación de pobreza energética, duchándose con agua fría y evitando todo uso de la energía en el hogar, pasando frío y sin dar la luz porque, simplemente no lo puede pagar. ¿Acaso María y su marido, ambos jubilados, tienen un problema de empleo? Creo que no y no es la única persona, hogar o situación que desmontan el argumento que el gobierno de estos últimos años ha utilizado para negar una evidencia.

Desde la Asociación de Ciencias Ambientales llevamos más de 5 años trabajando en esta materia y hemos constatado que miles de hogares con trabajo, como autónomos o trabajadores por cuenta ajena, familias monoparentales y otras múltiples situaciones, que no se encuentran necesariamente en situación de desempleo, están sufriendo en los últimos años las consecuencias de la pobreza energética, entre otras razones, por el enorme crecimiento de las desigualdades.

 

 


 

GráficoPorcentaje de hogares con gastos en energía doméstica por encima del 10% de ingresos por fuente principal de ingresos para la serie 2006 a 2012.

Fuente: Pobreza energética en España. Análisis de tendencias (ACA, 2014)

 


 


Quizás mirar datos objetivos como los contenidos en el último informe sobre vulnerabilidad de Cruz Roja o el Informe Foessa, sería un buen ejercicio para reconocer un hecho palpable: La pobreza energética existe, se ha incrementado considerablemente en los últimos años, afecta a un sector de población que va más allá del problema del desempleo y está poniendo a las puertas de la pobreza monetaria y la exclusión social a cada vez más familias españolas. O se establece un marco de acción coordinado o no estaremos más que poniendo parches a una rueda que camina por un camino lleno de chinchetas.

¿Qué ha provocado todo esto? Pues el desempleo es una de las causas, pero a ella se suman la precariedad laboral, la congelación de sueldos, el incremento de los precios de la energía, el incremento de los tipos impositivos en servicios básicos, una política energética desacertada y desorientada o un marco legislativo carente de toda lógica, entre otros. Y a todo ello, que parece que se debe a una cuestión coyuntural como la crisis, se suman factores estructurales que no ayudan, aunque puedan ser a su vez una de las mejores estrategias para solucionarlo, como es la baja eficiencia energética de las viviendas en las que habitan estos hogares.

Cuando en el año 2012 presentamos el primer estudio sobre la Pobreza Energética teníamos varios objetivos, pero el primero y más importante de todos ellos era visibilizar una realidad que estaba oculta, poniéndola nombre e incorporándola al debate ciudadano, de las instituciones y de los medios de comunicación. Porque queríamos que personas como María reconociesen su situación y que, principalmente desde las administraciones públicas, se impulsaran soluciones. Por ello nuestros esfuerzos se centraron en difundir y poner a disposición pública nuestro trabajo y sus resultados, porque si no se conocía ni se contaba con una referencia rigurosa de lo que significaba la pobreza energética en España, de poco serviría, como ocurre en muchas otras situaciones con excelentes trabajos. Hace cuatro años no era tan evidente encontrar noticias a diario sobre esta situación, más bien, era la excepción.

Afortunadamente esta labor, a la que se fueron sumando un conjunto de iniciativas, proyectos y estudios impulsados desde lo público y lo privado ha conseguido que 4 años después el panorama sea bastante diferente. A día de hoy hay presupuestos municipales y autonómicos destinados específicamente a ayudar a las familias más vulnerables, también algunas comunidades autónomas y sobre todo municipios han firmado acuerdos con las compañías energéticas para evitar cortes de suministro o han puesto en marcha programas de asesoramiento, formación y pequeñas reformas en los hogares vulnerables, para minimizar el coste de sus facturas energéticas. De esta forma, muchas familias vulnerables están paliando su precaria situación y protegiéndose, entre otras, de las graves consecuencias sobre su salud que se derivan de vivir en esta situación. A la labor de las administraciones se suma el trabajo de fondo que realizan también las organizaciones asistenciales y de los trabajadores sociales, por lo general saturados en estos tiempos de crisis y de dificultad para una gran parte de la ciudadanía.

Pero sigue sin ser suficiente y en ocasiones se está trabajando de forma descoordinada, sin tener en cuenta soluciones globales ni proteger a todos los ciudadanos por igual. Veamos un ejemplo de esta última circunstancia; la mayor parte de los acuerdos entre las administraciones públicas y las compañías energéticas para evitar cortes de suministro se están cerrando a nivel local por lo que, unos ayuntamientos si, otros no, están “protegiendo” a sus ciudadanos frente a los cortes de suministro. Pero es más, como los acuerdos son entre la administración en cuestión (ayuntamientos o comunidades autónomas) y empresas privadas, sin que exista obligación alguna para que todas las comercializadores deban sumarse a dichos acuerdos, las administraciones están firmando acuerdos con las compañías que se han comprometido primero con este asunto, por lo que ciudadanos vulnerables de un mismo municipio se están viendo protegidos o desprotegidos frente al corte de suministro en función de la compañía con la que tienen su contrato de luz y/o de gas.

La pobreza energética es además un fenómeno complejo que no sólo afecta a personas pobres, con escasos ingresos o en riesgo de exclusión social. Va mucho más allá y ha afectado a  la denominada clase media que, me permito el lujo de poner en duda que exista y no sea un invento para hacernos creer que vivimos mejor de lo que vivimos realmente. En cualquier caso, las familias de clase media afectadas por la pobreza energética representan a una clase social que antes no se había visto en esta situación, que tiene especial dificultad para reconocerlo y para acudir a los servicios sociales o a las ongs asistenciales y que, en muchas ocasiones, están siendo soportadas por el apoyo de sus familiares.

La realidad es que durante estos últimos años se ha perdido una oportunidad preciosa de comenzar a actuar con un marco estatal frente a la pobreza energética, que hubiese marcado las pautas para evitar ciudadanos protegidos o no frente a un corte de suministro en función del municipio donde residan o en función de la empresa elegida en sus facturas de luz y gas, para evitar situaciones tan dramáticas como las de las personas que enferman o mueren de forma prematuras por vivir a una baja temperatura en sus propios hogares.

Desde ACA trabajamos por aportar soluciones y establecer las bases para una estrategia estatal frente la pobreza energética con la elaboración de un tercer estudio sobre la pobreza energética y la realización de una serie de talleres participativos donde todos los agentes y perspectivas están participando. El estudio verá la luz en los próximos meses y está tratando de lograr apoyos para su financiación a través de una campaña de crowdfunding donde desde 10 euros podrás ayudarnos. Gracias por vuestra ayuda, luchemos juntos contra la pobreza energética.

www.pobrezaenergetica.info

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