Pobreza Energética - Reflexiones desde el ahorro y la eficiencia energética

 

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ÁNGEL SÁEZ RAMÍREZ

Ingeniero Industrial experto en energía, de la Agencia Andaluza de la Energía (Junta de Andalucía)

Hay que tener en cuenta que la rehabilitación energética no debe ser concebida sólo en términos de rentabilidad económica, sino también en términos de “rentabilidad social”

 

 

 

Las viviendas españolas adolecen de mala calidad constructiva desde un punto de vista energético, lo que repercute en que las familias tengan que hacer frente a facturas energéticas elevadas. Este es uno de los causantes más importantes de la pobreza energética. Esta situación se ve agravada por el incremento de los precios de la energía, así como por el escenario de desempleo tan severo que está padeciendo España. Como consecuencia de estos factores, se está produciendo la paradójica situación de que la pobreza energética está golpeando con más crudeza en regiones con inviernos relativamente suaves, como Andalucía, al contrario de lo que cabría esperarse bajo una visión sesgada y simplista de este fenómeno.

El ahorro y la eficiencia energética es una potente herramienta para atenuar y mitigar la pobreza energética. Y más concretamente, la rehabilitación energética de las viviendas, que supone aplicar eficiencia energética, de una forma más o menos integral, en los edificios. La rehabilitación generalizada de las viviendas constituye una medida estructural de medio y largo plazo, complementaria con otras medidas paliativas y urgentes para combatir la pobreza energética, como los bonos sociales, las ayudas asistenciales o impedir los cortes de suministro, que, si bien son necesarias para evitar situaciones graves de urgencia, no deberían constituir una solución sostenida en el tiempo.

Hay que tener en cuenta que la rehabilitación energética no debe ser concebida sólo en términos de rentabilidad económica, es decir, de amortización de las inversiones realizadas con los ahorros energéticos y económicos (como ha sido costumbre en España), sino también en términos de “rentabilidad social”, es decir, que los hogares dispongan de unas condiciones mínimas de habitabilidad (temperatura, iluminación, agua caliente sanitaria, etc.) que permitan a las personas un adecuado desarrollo social y humano. En este sentido, al rehabilitar las viviendas de hogares vulnerables habrá que considerar dos aspectos:

  • Conseguir que en las viviendas haya unas condiciones de habitabilidad aceptables.
  • Que dichas condiciones se alcancen aplicando la máxima eficiencia energética.

Pero, ¿acaso pueden los hogares pobres energéticamente hacer frente a los gastos de rehabilitación de sus viviendas, si no son capaces de pagar sus facturas energéticas? He aquí que habrá que arbitrar nuevas fórmulas de financiación que atiendan a la idiosincrasia propia de estos hogares. Bajo esta perspectiva, deben jugar un papel relevante las Administraciones Públicas, y particularmente los gestores públicos de viviendas sociales; además, se debería alentar a los entes financieros privados, y particularmente, sobre todo en las fases primarias, a los que se vienen a catalogar como “banca ética”, con enfoques de colaboración público-privada.ANGEL_SAEZ

En lo que se refiere al papel de las Administraciones Públicas y a su capacidad para financiar medidas contra la pobreza energética, las instituciones comunitarias de la Unión Europea vienen dando indicaciones claras. Por ejemplo, se insta a los poderes públicos nacionales y regionales a que prioricen los fondos europeos que tienen que gestionar (estructurales y de cohesión) para desarrollar medidas de eficiencia energética en sus ámbitos de actuación por su efecto positivo en términos de mitigación y atenuación de la pobreza energética. Y también se anima a que el sistema de obligaciones de eficiencia energética (un instrumento de financiación de la eficiencia energética basado en las aportaciones económicas de las empresas energéticas, creado por la Directiva de Eficiencia Energética) incluya requisitos con finalidad social como, por ejemplo, la aplicación con carácter prioritario de un porcentaje de medidas de eficiencia energética a los hogares afectados por la pobreza energética o a las viviendas sociales.

Pero de nada servirá esta financiación público/privada si los afectados no adoptan hábitos de uso adecuado de la energía. Por esta razón, también son necesarias medidas de concienciación y divulgación que ayuden a los hogares a no malgastar la energía, específicamente diseñadas y dirigidas a los colectivos vulnerables.

Existe otro enfoque importante que ha sido planteado en Andalucía (concretamente, en el Plan Integral de Fomento de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía): integrar en el mercado laboral de la construcción y la rehabilitación de los edificios a los colectivos vulnerables. Como es obvio, el desempleo y la falta de ingresos es el germen para que la pobreza energética se propague. Por tanto, en la medida que se favorece la inserción laboral de los colectivos vulnerables, particularmente en el ámbito de la construcción y la rehabilitación sostenible, se estará combatiendo contra la pobreza energética en un sentido doble: mejorando la calidad energética de las viviendas y reduciendo el desempleo.

Por lo indicado anteriormente, resulta razonable atender de forma preferente a la pobreza energética de los hogares; pero no hay que obviar otros entornos en los que la pobreza energética también puede estar provocando efectos dañinos, como el entorno laboral. El incremento de los precios de la energía está afectando muy negativamente a las empresas españolas, y particularmente a las pymes y micropymes, que tienen muchas dificultades para pagar sus facturas energéticas, y que se ven obligadas a prescindir en muchos casos de la calefacción, la refrigeración e incluso de la iluminación, con el consiguiente efecto negativo sobre sus empleados, lo que a la postre puede repercutir en problemas de salud, o en pérdida de productividad y competitividad de la empresa.

Para concluir, hay otra dimensión de la pobreza energética que no está siendo abordada convenientemente, y que también tiene efectos perversos sobre las personas: la pobreza energética de los países en vías de desarrollo. Naciones Unidas advierte desde hace años que la falta de acceso a la energía no contaminante, asequible y fiable obstaculiza el desarrollo social y económico y constituye un obstáculo importante para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, 1.400 millones de personas carecen de acceso a la energía moderna, en tanto 3.000 millones dependen de la «biomasa tradicional» y carbón como las principales fuentes de energía. Combatir esta pobreza energética, de características completamente diferentes a la definida en los países desarrollados, obliga a arbitrar otras medidas e instrumentos, basados en la cooperación y en las opciones que brindan los organismos multilaterales.

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