El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) presentaba el pasado 12 de noviembre la actualización de indicadores pobreza energética en España con resultados para el año 2019. Desde la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) realizamos un primer análisis de las nuevas cifras a partir de la experiencia acumulada en los cuatro informes publicados entre 2012 y 2018.
En concreto, desde ACA ponemos de relieve los siguientes aspectos:
1. Es una buena noticia la actualización periódica de indicadores oficiales de pobreza energética por parte del MITECO siguiendo las metodologías del Observatorio Europeo de Pobreza Energética (EPOV) aplicadas por ACA para España en el informe de 2018. Supone un reconocimiento institucional de la pobreza energética como problemática de entidad propia y señala el compromiso para hacerle frente.
2. Los resultados puntuales de la actualización del MITECO para 2016-2019 parecen indicar una mejoría en ese periodo (más pronunciada en los indicadores de temperaturas inadecuadas y retraso en el pago de facturas), que sería necesario verificar por medio de un análisis estadístico que confirme diferencias significativas entre años.
Fuente: Actualización de indicadores de la estrategia nacional contra la pobreza energética noviembre 2020. MITECO.
3. La actualización del MITECO continúa incluyendo indicadores basados en percepciones y declaraciones de hogares (incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada y retraso en el pago de recibos), a pesar de las críticas recibidas por su carácter subjetivo. En ACA hemos defendido desde el primer informe en 2012 su inclusión como mecanismo de medición directa de los efectos de la pobreza energética.
4. Los resultados de indicadores MITECO están expresados únicamente en porcentajes de hogares. Creemos que deberían también ofrecerse en número de personas afectadas para reflejar mejor las dimensiones de la pobreza energética. En nuestro informe de 2018, los resultados de indicadores estaban calculados también en número de hogares y personas. Por ejemplo, estimamos que el 10% de la población (4,7 millones de personas) declararon retrasos en el pago de recibos de la vivienda en 2016.
Fuente: Informe 2018 sobre Pobreza Energética en España. Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
5. Para calcular el indicador de gasto desproporcionado (2M), los indicadores del MITECO parten de un dato de la mediana de la denominada carga energética, es decir, el porcentaje de ingresos anuales de un hogar destinado al pago de facturas de energía doméstica. Hemos detectado que la carga energética anual promedio empleada en los indicadores del MITECO está por debajo de la de nuestro informe de 2018. Sin embargo, el porcentaje de incidencia según el indicador de gasto desproporcionado (2M) en 2016 es muy similar: 16,7% de hogares para la actualización 2020 del MITECO y el 17% de la población para el cuarto informe de ACA (2018).
Fuente: Actualización de indicadores de la estrategia nacional contra la pobreza energética noviembre 2020. MITECO.
6. Seguimos considerando que la mejor forma de observar la evolución del problema es a través de un sistema de indicadores múltiples ya que cada uno de ellos mide una forma diferente de pobreza energética. Proponíamos en 2018 que no se trata de escoger entre los indicadores disponibles sino de calcular la cifra total de afectados como el conjunto de personas afectadas por alguna forma de pobreza energética. Como ejemplo, se muestra este gráfico del informe de 2018 elaborado a partir de los indicadores de la Encuesta de Condiciones de Vida).
Fuente: Informe 2018 sobre Pobreza Energética en España. Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
7. Se sigue minimizando la importancia de los precios de la energía en la evolución de los indicadores. Ni la Estrategia Nacional ni la actualización de indicadores de 2020 del MITECO los considera y tampoco aparecen mencionados en la definición de pobreza energética. Por su parte, la literatura especializada reconoce desde la década de 1990 los precios de la energía como factor estructural de la pobreza energética. Desde 2017 el Observatorio Europeo de Pobreza Energética (EPOV) recomienda su inclusión como indicadores secundarios.
Fuente: Actualización de indicadores de la estrategia nacional contra la pobreza energética noviembre 2020. MITECO.
Fuente: Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV).
8. Sin embargo, según datos de Eurostat (recogidos en nuestro informe de 2018), España estaba entre los países UE con mayor aumento de precios de la energía doméstica (del 50% en gas natural y del 80% en electricidad) en el periodo 2008-2016. Si miramos cifras actualizadas de Eurostat correspondientes al segundo semestre de 2019, observamos que España estando entre los países con los precios más elevados de la UE. Como hemos hecho en los informes anteriores, los precios se presentan en unidades de Paridad de Poder Adquisitivo con el fin de comparar de forma más precisa entre países con diferentes niveles de precios y salarios.
Fuente: Informe 2018 sobre Pobreza Energética en España. Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
Fuente: Eurostat.
9. En sus recomendaciones de octubre de 2020, la Comisión Europea animaba a los Estados Miembros a más allá de los indicadores EPOV e incluir indicadores nacionales que permitan un mejor reconocimiento de las realidades locales. En España, gracias a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, disponemos desde 2016 de estadísticas únicas en la UE sobre desconexiones de suministro. Según la ECV, en 2019 más de medio millón de personas habrían perdido alguna de sus fuentes habituales de energía, a causa de dificultades económicas del hogar. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que la ECV sólo hace esta pregunta a quienes previamente se han declarado incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, por lo que la incidencia real puede ser aún mayor.
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Instituto Nacional de Estadística (INE).
10. Con esa misma lógica introdujimos en el informe de 2018 indicadores de estructura del mercado a partir de informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El objetivo era poder observar cambios en las tipologías dominantes ya que un contrato de mercado libre no da acceso al bono social y puede resultar en facturas más elevadas. Datos de al CNMC para el suministro eléctrico del año 2019 muestran una minoría de contratos de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), que es la tarifa regulada por el Estado y ofrecida por comercializadoras de referencia (COR). Como se muestra en el gráfico, el porcentaje de contratos PVPC (línea roja) es especialmente reducido entre los consumidores que eligieron discriminación horaria o tarifa 2.0DHA (una de las opciones de contratación más ventajosas para reducir la factura eléctrica).
Fuente: Boletín de Indicadores Eléctricos. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
11. La actualización de indicadores 2020 ofrece resultados anuales de indicadores hasta 2019 y por tanto no recoge los efectos la pandemia de la COVID-19. Desde la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) nos preocupa el impacto de la crisis sanitaria y social en las cifras de pobreza energética, que muy probablemente se verá reflejado en los análisis de los próximos años. Las consecuencias de la crisis, sobre todo en forma de impagos, deudas y desconexiones, están siendo también subrayadas por organizaciones sociales en España y por la red ENGAGER en el ámbito europeo, además de haber sido materia de debate en el Senado. La dificultad de disponer de datos en tiempo real plantea la necesidad de disponer de indicadores adelantados de pobreza energética para la toma de decisiones rápidas en contexto de crisis. Como fuentes de datos a explorar, pueden señalarse las solicitudes de bono social y de avisos de desconexión notificados a servicios sociales (en manos de las Administraciones públicas) y las cifras de impagos y deuda de hogares de que disponen las suministradoras.
12. Se echa en falta también un análisis de la evolución de las cifras de pobreza energética en relación con las políticas y medidas existentes en cada momento. Los indicadores no permiten evaluar el impacto de instrumentos como, por ejemplo, los bonos sociales (eléctrico y térmico) vigentes desde 2018 o las medidas de apoyo a la eficiencia energética. Sin un análisis de su efectividad no es posible entender el impacto diferencial de dichas políticas y medidas en las cifras de pobreza energética respecto de la evolución de indicadores macro como la tasa de paro o el PIB.
13. También en relación a políticas públicas, vemos necesario avanzar y hacer un seguimiento de los cambios previstos por la Estrategia Nacional, como la puesta en marcha de un procedimiento de concesión automática del bono social eléctrico y térmico sin necesidad de realizar una solicitud por parte del beneficiario. La crisis actual subraya la importancia de este tipo de mecanismos de apoyo a hogares vulnerables. Organizaciones sociales están también reclamando la ampliación de la moratoria de cortes de suministro a hogares vulnerables que estuvo vigente hasta el pasado 29 de septiembre.
Fuente: Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. MITECO.
14. Creemos también necesario impulsar programas formativos de gestores energéticos sociales, como hace ACA con el proyecto PICE Network, que empoderen a la ciudadanía en aspectos como la mejora de la sus contratos de energía, la aplicación de hábitos de ahorro o de medidas de mejora de la eficiencia energética adaptadas a su disponibilidad económica. Este proceso ha de considerar las posibilidades y los riesgos para consumidores vulnerables del despliegue a gran escala de contadores digitales de electricidad. En este sentido, el documento de consultas previas sobre acceso a datos y evolución del sistema de contadores eléctricos del MITECO exige, entre otros, sencillez para consulta de datos propios en tiempo casi real y garantía de acceso a información relevante sobre periodos tarifarios y potencia necesaria. Este mandado del MITECO mandato apela directamente a las distribuidoras. Como agentes regulados, deben asegurar que la información sobre aspectos clave del contrato (como, por ejemplo, la potencia pico alcanzada) esté disponible por los hogares, especialmente para consumidores vulnerables.