La pobreza energética se constituyó como un problema emergente en los años de la crisis que, las comunidades autónomas, en la medida de sus capacidades e iniciativa en la cuestión, han afrontado de diferente forma.
Convenios y ayudas
Una de las iniciativas más destacables en cuanto al papel que han jugado las comunidades autónomas en materia de lucha contra la pobreza energética y de protección de los consumidores vulnerables ha sido, sin duda, la firma de convenios entre las administraciones autonómicas y las principales comercializadoras de energía. Estos convenios, aunque no cubrían a la totalidad de los consumidores (quienes tienen contratado el servicio con otra comercializadora) consistían en prorrogar el plazo legal existente, según la legislación estatal, para la suspensión de suministro ante un impago. De este modo, una familia identificada como vulnerable, que estaba siendo apoyada por la comunidad autónoma para hacer frente al pago de las facturas de sus suministros energéticos y que se enfrentaba a una posible suspensión de suministro, quedaba protegida frente al corte con una ampliación de varios meses (dependiendo de la región y comercializadora) respecto al periodo legal.
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Este acuerdo de gestión que alcanzaron la totalidad de las administraciones autonómicas con las compañías ha conseguido evitar que, en los últimos años, miles de familias vulnerables sufrieran un corte de suministro. Parecía poco lógico que una familia que estaba siendo ayudada tuviera que sufrir un corte de suministro. Esto se producía porque, en muchas ocasiones, el importe recibido tenía que superar unos trámites administrativos, que superaban el plazo que establece la ley para proceder al corte de suministro por impago.
Este tipo de convenios entre comunidades autónomas y las compañías energéticas han estado evitando el corte de suministro de multitud de familias vulnerables. Generalmente iban acompañados de planes de ayudas específicos frente a la pobreza energética, destinado a cubrir el coste de las facturas de energía, o de planes de ayudas generales o de emergencia social, destinado a cubrir diferentes tipos de suministros básicos como la alimentación, el agua o la energía.
La gestión de estos planes de ayudas también ha variado de unas comunidades a otras. En algunas de ellas la propia comunidad autónoma asumía el pago y la gestión de la ayuda, de forma directa, al hogar vulnerable. En otros muchos el plan de ayudas estaba destinado a las Entidades Locales de la región, de forma que, eran estos los que tenían que solicitarlo y acogerse al Plan autonómico, para, con fondos autonómicos, pagarlo a los hogares desde su propia Entidad Local.
Página web y regulación autonómica
Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las comunidades autónomas ha formado parte de la lucha contra la pobreza energética y ha considerado imprescindible firmar estos convenios y llevar a cabo diferentes acciones para ayudar a los más vulnerables, han sido pocas las que han concedido a la pobreza energética la importancia suficiente en sus páginas web.
Sólo 2 comunidades autónomas, Cataluña y País Vasco, cuentan con una sección específica de información sobre la cuestión y han ordenado los contenidos sobre este problema socio-ambiental en sus páginas web.
Durante estos últimos 7 años, la legislación estatal ha avanzado con ritmos muy diferentes. Durante los primeros años la normativa ignoró a los consumidores vulnerables y el país adoleció de un marco estatal y un sistema prestacional que abordara un problema de tal magnitud y con consecuencias tan nefastas para la calidad de vida y la salud de las personas. Se mantuvo la única medida existente, el bono social eléctrico, claramente ineficiente en su aplicación, y no se puso freno a la sangría de familias que se veían frente a un posible corte de suministro por no poder hacer frente al pago de las facturas.
A finales de 2017 se puso en marcha la reforma del bono social eléctrico, se ampliaron los derechos de los consumidores, entre ellos, el plazo previo al corte de suministro por impago en aquellos consumidores que ya estuvieran acogidos al Bono Social Eléctrico. También se aprobó, por primera vez, una categoría de consumidores, denominados consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social, a los que el Decreto exige garantizar el suministro y realizar la cobertura del 100% de su factura bajo un sistema de copago entre administración autonómica/local y el mecanismo del Bono Social Eléctrico.
Unos meses después, en 2018, la aprobación del Real Decreto-ley 15/2018 introdujo nuevas modificaciones, aprobó la existencia de un Bono Social Térmico y determinó la necesidad de elaborar una estrategia nacional que, aprobada en abril de 2019, proponía una definición del problema y del concepto de consumidor vulnerable, ampliaba nuevamente el plazo de protección frente al corte de suministro y marcaba una senda de actuación para los próximos 5 años (2019-2024). Pero ha de ponerse en valor que, durante los años de inacción estatal, las medidas como los convenios y las ayudas para el pago de facturas, antes mencionadas, o el desarrollo de normativa autonómica propia, se convirtieron en auténticos salvavidas para los más vulnerables.
Cabe mencionar la iniciativa que tuvieron varias comunidades autónomas cuando decidieron legislar al respecto, poniendo en debate, incluso, cuestiones competenciales entre las autonomías y Gobierno del Estado.
Es el caso de la ley 24/2015, aprobada en Cataluña, una ley que estableció, entre otras cosas, el principio de precaución según el cual ninguna compañía puede cortar un suministro si no ha comprobado previamente, con los servicios sociales, que no es un hogar vulnerable. A día de hoy los cambios producidos en el marco estatal, tras la aprobación del RDL 15/2018 y de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, han provocado, todavía más una situación de conflicto entre el marco estatal y el de esta comunidad autónoma. Mientras que en Cataluña se defiende la ley 24/2015, por ser más proteccionista que la estatal, las compañías están reclamando al Gobierno estatal una posición al respecto, con el fin de saber a qué deben atenerse en territorio catalán.
Otras comunidades autónomas también legislaron al respecto, como Galicia, Aragón o la Comunidad Valenciana, o han intentado aprobar una normativa marco, sin éxito finalmente, como en Andalucía, tras la constitución de un nuevo parlamento con una mayoría conservadora que rechazó la proposición de ley. En otros casos, no se ha propuesto una legislación específica para abordar el problema, pero si se ha incluido en Planes estratégicos regionales (por ejemplo en Navarra, en el Plan Energético Horizonte 2030). Por tanto, al margen de la existencia de una normativa regulatoria específica, lo que se pone en evidencia es que la pobreza energética entró de lleno en las agendas autonómicas hace años y continúa siendo causa de preocupación, aunque, la existencia de un marco estatal (la Estrategia Nacional) ordenará las actuaciones que se lleven a cabo en los próximos años.
Origen en la eficiencia energética
La pobreza energética no es sólo una cuestión social, también es una cuestión íntimamente ligada a la salud de las personas y del medio ambiente.
Una de las causas de origen del problema reside precisamente en la eficiencia energética de los edificios en los que vivimos, que, podría ampliarse incluso a las instalaciones y equipos con los que cuentan las viviendas.
Si todos habitáramos en viviendas con un estándar de eficiencia energética muy elevado, la demanda de energía en los hogares sería ínfima y los problemas de pobreza energética se reducirían a un sector de población mínimo, situado bajo los umbrales de la pobreza severa y con problemas integrales para abastecerse de lo más mínimo. Si esto fuera así, la pobreza energética no se manifestaría en lo que podemos mal llamar “clase media”, puesto que podrían asumir el coste energética. Por desgracia esta situación de alta eficiencia energética que se plantea no es la real, más bien es la contraria; la mayor parte de los edificios en los que habitamos carecen de unas condiciones mínimas y adecuadas de eficiencia energética. Por ello, se manifiestan problemas como la pobreza energética, pero también se dispara la demanda de energía que requerimos para tener unas mínimas condiciones de confort. Nuestros edificios se convierten en verdaderos devoradores y derrochadores de energía, por tanto, en uno de los elementos causantes del cambio climático y de la destrucción del planeta.
La lucha contra la pobreza energética en España no puede disociarse de la mejora de la eficiencia energética de nuestros edificios ni de la lucha y adaptación al cambio climático. Tampoco de objetivos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre todo, el ODS número 7, relativo a la energía asequible y no contaminante. Informar y concienciar adecuadamente a la ciudadanía sobre la pobreza energética va ligado a hacerlo sobre la lucha contra el cambio climático y la adaptación a sus inevitables consecuencias (los edificios eficientes aumentan la resiliencia a estos cambios, tienen muy baja demanda de energía y deben incorporar fuentes de energía renovable). Por tanto, luchar contra la pobreza energética es velar por la conservación del planeta y por ello la información, la normativa, las ayudas y todo tipo de elementos que permitan prevenirla y erradicarla, contribuirán, sin duda, a la conservación de nuestro planeta, sus especies y sus ecosistemas. El papel de las comunidades autónomas en este objetivo es clave.