La sesión se desarrolló abarcando tres aspectos de la economía circular que se esperan ver dinamizados por la nueva directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales (TARU), que tiene como objetivos reducir la carga de contaminantes, el consumo de energía, la gestión de lodos, gobernanza y transparencia, alinearse con el pacto verde europeo entre otros.
El primer aspecto tiene que ver con la reutilización de las aguas tratadas donde ya se cuenta en España con el RD 1085/2024 Reglamento de reutilización del agua en el cual se fomenta el uso económico de aguas regeneradas que debe ser compatibilizado con los planes hidrológicos y formar parte de un plan de gestión para su debida autorización. Se comento que las aguas reutilizadas cumplen un papel fundamental en la sustitución de usos y que cada caso debe ser analizado por separado teniendo en cuenta situaciones específicas como el medio receptor. Al aplicarlas para el riego agrícola se debe considerar su aporte de nutrientes sin incurrir en riesgos por contaminación con nitratos. Se destacó que las aguas reutilizadas son más económicas que otras fuentes y su uso es un claro ejemplo de adaptación al cambio climático. Se enfatizó en el criterio de precaución y la necesidad de garantizar su calidad, en particular a los aspectos sanitarios, metales, otros. Se debe tener en cuenta al usuario al fomentar su uso, y los cánones deben ser establecidos de acuerdo a los beneficios para la sociedad y el ambiente de manera compartida. Se requiere de una inversión para cumplir con la directiva, y no siempre se pueden establecer sinergias entre tratamientos como el cuaternario o la desinfección de los patógenos. Estos últimos también deberían considerarse elementos contaminantes.
El segundo aspecto tuvo que ver con la neutralidad energética. La nueva tendencia es convertir las EDAR en biofactorías. Para el año 2045 se debe alcanzar la neutralidad energética pudiéndose comprar el 35% de la energía proveniente de fuentes renovables si se demuestra que la meta es inalcanzable. Se señaló que los estados miembros deben realizar auditorías energéticas cada 4 años para fomentar las mejoras progresivas y se recomendó hacer un seguimiento anual en base a la experiencia previa en otras situaciones como la eficiencia energética de edificios o el transporte. En el caso de una empresa privada se habló de relaciones de eficiencia del 70% en uso de energía eléctrica y 46% en térmica por lo que se tendría una buena posición de salida para llegar a la meta descrita en la directiva y que algunos procesos no deben entrar en el computo como el bombeo de cabecera o los tratamientos de regeneración, siendo que no están claros los límites para realizar las auditorías. Se comentó que vamos hacia mayores exigencias como la recuperación de nutrientes, higienización de lodos, tratamientos cuaternarios y gestión de aguas pluviales añadiéndole a los objetivos de depuración los de neutralidad energética y climática y la circularidad lo que implica mayor eficiencia y menores impactos.
El tercer y último aspecto trató sobre la gestión de la materia orgánica y en particular sobre el tratamiento de los lodos de depuradora. Se destacó la producción de biogás y biometano como una de las formas de valorización de este tipo de residuo, seguido de la valorización energética mediante incineración y finalmente el vertido como última opción jerárquica de gestión. La imposibilidad por ley de aplicar los lodos de depuradoras en tierras agrícolas fue criticada ya que no debe demonizarse el lodo sino mas bien definirlo y utilizarlo como enmienda agrícola siempre y cuando cumpla con los requerimientos técnicos teniendo así una opción de valorización agronómica. Se recalcó la importancia de la materia orgánica como elemento clave para garantizar la sostenibilidad agrícola de los sistemas agrarios y cerrar el ciclo de la misma con el trayecto de la mesa a la granja, subrayando la dificultad que representa el exceso de regulación y la necesidad de una mayor flexibilidad, fuentes de financiamiento para la investigación y un marco de referencia multidisciplinario. Se hizo alusión a la gestión de los RSU de naturaleza orgánica y su gestión de manera complementaria, apostando por la recogida selectiva de los mismos a nivel municipal.
Todos los aspectos mencionados se consideran ampliamente cubiertos por normativas a todos los niveles, desde el europeo hasta el municipal. Estas son un arma de doble filo, por un lado, establecen seguridad jurídica y reglas de juego firmes, pero en algunos casos son un freno que conlleva a excesos burocráticos o impiden la posibilidad de aprovechar recursos valiosos y escasos. Se deben continuar los esfuerzos en las áreas de investigación y desarrollo tecnológico, financiamiento, formación técnica, nuevas infraestructuras y gobernanza.
Oscar S. Rodríguez Parisca
02/12/2024
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Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pero no expresa la opinión del mismo. |
04/12/2024