La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) fue la encargada de coordinar la sesión, que comenzó con una presentación a cargo de Irene Morante Sánchez, Jefa de Área de Saneamiento y Depuración de la Dirección General del Agua del MITECO. En su intervención ofreció una visión general de las novedades de la Directiva TARU y los retos que plantea su transposición al marco normativo español. Asimismo, destacó la importancia de la nueva directiva para alcanzar el objetivo de contaminación cero en Europa, mejorando la protección ambiental y la salud humana.
Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de una inversión significativa para adaptar las infraestructuras existentes a los nuevos requerimientos de la directiva. Los participantes coincidieron en que la neutralidad energética, uno de los objetivos de la TARU, podría ser difícil de alcanzar para las pequeñas aglomeraciones, debido a la complejidad y el coste de las tecnologías necesarias para su cumplimiento.
Se planteó la reutilización del agua como una posible solución para flexibilizar los valores límite de emisión de nutrientes. Sin embargo, se reconoció que su viabilidad no es universal, ya que depende de factores como la hidrología y la demanda de agua regenerada en cada región.
Ante la magnitud del desafío, los expertos coincidieron en la importancia de la colaboración entre los diferentes actores del sector, incluyendo las administraciones públicas, las empresas gestoras y los productores de sustancias contaminantes. Los ponentes destacaron la necesidad de una planificación coordinada que tenga en cuenta las particularidades de cada región y la creación de consorcios que permitan a las pequeñas aglomeraciones acceder a las tecnologías necesarias para cumplir con la directiva.
Otro tema central de la sesión fue la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), una herramienta financiera que la directiva introduce para financiar el tratamiento cuaternario de las aguas residuales. La RAP obliga a los productores de medicamentos de uso humano y cosméticos a cubrir, como mínimo, el 80% de los costes de este tratamiento, que tiene como objetivo eliminar los microcontaminantes presentes en las aguas residuales.
La implementación de la RAP generó un intenso debate sobre su alcance, su funcionamiento y su impacto en los diferentes sectores implicados. Los representantes de la industria farmacéutica y cosmética expresaron su preocupación por la falta de información y la necesidad de un proceso transparente y basado en evidencia científica para determinar las sustancias sujetas a la RAP.
Los expertos del MITECO y el CEDEX explicaron que se está trabajando en el desarrollo de una metodología para evaluar los costes del tratamiento cuaternario y para determinar la forma en que se organizarán y supervisarán los Sistemas Colectivos de Responsabilidad (SCRAP) encargados de gestionar los fondos recaudados a través de la RAP.
La sesión resaltó la complejidad de implementar la Directiva TARU en España, debido a la necesidad de una gran inversión y la incertidumbre sobre la RAP y otros aspectos normativos. A pesar de esto, se subrayó la importancia de la colaboración y el diálogo entre los actores del sector para alcanzar los objetivos de la directiva y asegurar la sostenibilidad del ciclo del agua en España.
Por: Nicolás Echarren Lucendo
04/12/2024
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Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pero no expresa la opinión del mismo. |