La primera mitad de la sesión se centró en hacer un repaso breve por la situación actual en la gestión de residuos en España y en reflexionar sobre las barreras que dificultan o frenan la aplicación práctica del marco normativo.
La legislación es amplia pero todavía no sabemos cómo gestionar nuestros propios residuos, lo que explica todos los enseres que se abandonan en la vía pública a diario, según destacó Marta Gómez, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental (MITECO).
En este sentido, llamó la atención de las entidades locales, como agentes clave en el cumplimiento de los objetivos para 2035 puesto que España en la actualidad suspende en gestión de residuos. En 2020 la recogida separada no llegaba al 25% (siendo el objetivo para 2035 de un 50%). El objetivo de reducir los vertidos al 40% está aún lejos de nuestra realidad (49,49% en el año 2020).
Esta situación es la que hace que desde la Comisión Europea se hayan enviado algunas alertas por incumplimiento, lo que puede conllevar sanciones. Los impactos ambientales y económicos de esta tendencia alejada de la senda europea son altos y es responsabilidad de todos los agentes implicados trabajar para cambiarla.
En las dos primeras mesas, Traslado de residuos y Fin de la condición de residuo, se compartieron los grandes retos a los que se enfrentan tanto las administraciones como el sector privado en su puesta en práctica. En cuanto al primero, desde la DG de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, consideran que la legislación es muy compleja y tosca, y piden autocrítica a la CE en la definición de objetivos y sendas de cumplimiento.
Desde la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, no echan de menos más normativas, sino una mejor coordinación que facilite que los propios gestores también puedan intervenir en la definición de las reglas. Además, otra de las peticiones compartidas por los ponentes fue la homogeneización de los criterios de las CCAA durante el traslado de residuos, para simplificar esta labor.
Por otro lado, defendieron el principio de fin de la condición de residuo como una de las figuras más complejas y más importantes en el cambio de un modelo lineal a otro objetivo, un modelo circular. Su aplicación es uno de los retos de los gestores de residuos, por lo que se pide mejorar su agilidad, homogeneizar criterios con el resto de estados miembro, compartir las experiencias entre comunidades autónomas o la creación de un sistema de confianza a través de normas técnicas y órdenes ministeriales.
Durante la segunda mitad de la sesión, la mesa se centró en la fiscalidad y los nuevos costes en materia de vertidos de residuos. Ignasi Puig de ENT Medio Ambiente y Gestión, hizo un análisis sobre dos instrumentos: el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos y el coste de emisión de gases de efecto invernadero en vertedero.
Sobre el primero, presentó algunas casuísticas de su gestión, que es diferente en distintas CCAA. Esto presenta dos problemáticas, pocas CCAA dan a los ingresos un carácter finalista y en el caso de los residuos municipales, el incentivo con frecuencia no llega a quien es responsable de la recogida separada. En cuanto al segundo, puso en valor que es un modo de asumir externalidades negativas de los vertederos.
Con una visión más práctica, desde el Ayuntamiento de Madrid, compartieron cómo se aplica este impuesto al vertedero en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Cada año, el Ayuntamiento paga alrededor de 19 millones de euros, y en algún punto tendrá que repercutir sobre la ciudadanía. Esto ha impulsado distintas actuaciones para tratar de reducir este gasto y mejorar las instalaciones y la gestión de residuos municipales, como mejoras en los planes de vigilancia. También puso de relieve algunas dificultades que se van encontrando para el cálculo de costes de emisión de GEI en vertedero, como la falta de desarrollo de algunos apartados, quién es el titular del vertedero, cómo se articula el ejercicio de las competencias de las autoridades ambientales competentes o qué actuaciones se pueden considerar válidas dentro del plan de actuaciones.
Algunas de las conclusiones que se desprenden de esta sesión son la necesidad de facilitar la aplicación de la Ley de Residuos, que es imperativo acelerar para poder situarnos en la senda de cumplimiento de los objetivos para 2025, y lo importante que es comunicar bien el mensaje a la ciudadanía y resto de agentes clave para que esos objetivos sean una realidad.
María Perona
03/12/2024
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Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pero no expresa la opinión del mismo. |