A nadie le gusta la inestabilidad legislativa. Las demoras y los daños ambientales ya cometidos nos empujan a renovar nuestra visión sobre la jurisprudencia en materia de declaración de impactos. Los objetos de litigio hoy (macrorrenovables, greenwashing) fuerzan una nueva manera de obrar en la judicatura, en la que la ciencia tiene que tener una voz proporcional a la magnitud de la crisis climática. El litigio ambiental es la última vía que tomamos tras la capacitación ambiental de jueces y magistrados, de mediación y de acuerdos entre las partes. Tampoco es una derrota, sino un ejercicio de voluntad y un potencial avance social.
Entonces, ¿hemos llegado a una madurez normativa? Nuestros expertos opinan que sí, las empresas cumplen con la CSRD, certifican EMAS, evalúan con indicadores el impacto potencial… pero sigue existiendo una sobre-litigación de carácter competencial o ideológico. Esto no se debe permitir, la denuncia no puede ser un método para sacar titulares. Es imperdonable que medidas de gran impacto para nuestra salud y derecho al medio ambiente sufran retrasos o mutilaciones por la forma jurídica o de la justificación económica. Para revertir esta situación, las técnicas de la judicatura deben tener la autonomía y transparencia para no caer en demandas burdas y clónicas.
En un contexto de degradación de la biodiversidad, de ciclos biogeoquímicos desbordados, de contaminación acústica, de compuestos nocivos en nuestro aire y microplásticos en nuestros cuerpos, nuestra mirada tiende irremediablemente a las generaciones futuras. Existe la personalidad jurídica para una empresa, un barco, un espacio natural, ¡viva el Mar Menor!; pero los que están por nacer ven mermados sus derechos incluso antes de llegar al mundo. No podemos defender los Derechos Humanos del presente mientras se hipotecan los del futuro.
La ciencia es clara, y está en la mano de todos los agentes tejer las redes de comunicación que permitan a las administraciones ser eficientes, a las vecinas a disfrutar de su calidad de vida, a los empresarios de obtener su legítimo beneficio y al medio ambiente a simplemente existir sin ser mancillado. Existen herramientas al alcance de todos, mapas de zonas inundables, informes europeos sobre el clima, seis informes del IPCC… Si no se actúa es porque no se quiere. Es verdad que no existen acuerdos internacionales vinculantes, pero dependemos altamente unos de los otros, ni las nubes de contaminación ni las aguas eutrofizadas entienden de fronteras. Para situarnos en el mejor futuro posible, todos nuestros expertos vuelven a coincidir, las empresas deben ser responsables, humildes y precavidas. Así evitaremos las denuncias por greenwashing, procesos judiciales innecesarios y daños ambientales.
La vida avanza más rápido que el derecho, y a ello hay que sumarle la dificultad de traducir en lenguaje legal toda la ciencia. Necesitamos policías, jueces, fiscales… especializados en materia ambiental a lo largo de todo el planeta. En España, por ejemplo, tenemos los servicios del Seprona, pero aún nos falta entender como sociedad que todo lo que comemos, respiramos, vivimos, todo depende del medio ambiente.
Moriremos (o no) por una causa medioambiental. Ya tenemos la conciencia y las leyes. Actuemos a la altura de la humanidad.
Rubén Cid Hernández
02/12/2024
